dom

14

abr

2013

Discriminación de la lengua castellana en el sistema educativo catalán (III)

 

 

Recientemente el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) publicó varias interlocutorias que obligan a la Administración catalana a introducir el castellano como lengua vehicular en el aula de aquellos alumnos cuyos padres lo soliciten judicialmente. Esta medida, por tanto, afectará a todos los alumnos del aula, en tanto que se considera que la atención individualizada en lengua castellana –bien en el aula ordinaria, bien en un aula especial– sería una solución discriminatoria (opción que defendían la Administración catalana y todos sus correligionarios).

 

Estas últimas sentencias se alinean, pues, con otras anteriores del Tribunal Supremo y del Tribunal Constitucional, lo que confiere coherencia a nuestro sistema judicial. Lo que establecen, en resumen, todas las sentencias es que, inevitablemente, la Administración catalana, a la que el Gobierno central transfirió las competencias en educación, debe sustituir el vigente sistema de inmersión lingüística por otro de conjunción lingüística, dado que este último es el único que puede garantizar el carácter vehicular del castellano en los centros educativos catalanes. Precisan las sentencias que es la Administración catalana la que debe decidir los porcentajes en que las dos lenguas oficiales de Cataluña –catalán y castellano– han de estar presentes en el sistema educativo como lenguas vehiculares, aunque matizan que la distribución de los porcentajes debe ser razonable, es decir, que no ha de beneficiar ostensiblemente a alguna de las dos lenguas.

 

Es público y notorio que los gobernantes catalanes se han negado a cumplir estas sentencias y que, infectados por el virus nefando del nacionalismo, han vulnerado los derechos de los ciudadanos y han atentado contra el estado de derecho. Su última fechoría ha consistido en manipular el contenido de las recientes interlocutorias del TSJC y difundir dicho contenido públicamente con el objetivo de confundir a la ciudadanía, espolear la agresividad y el resentimiento de los más radicales y, en suma, convertir a Cataluña en víctima de un ataque contra su identidad nacional por parte del Gobierno español (movimiento que, evidentemente, forma parte de la estrategia para lograr la secesión que algunos políticos catalanes, actualmente en el poder, han pergeñado).

 

El mensaje manipulado que los intolerantes e inicuos dirigentes catalanes han difundido es el siguiente: «La solicitud de recibir la educación en castellano por parte de un único alumno obliga a todos sus compañeros de clase a estudiar en castellano». La afirmación, desde luego, no puede ser más perversa. Así que conviene deshacer la manipulación cuanto antes: lo que han dictado las recientes interlocutorias del TSJC es que, como la Administración catalana está obligada por sentencias precedentes a introducir el castellano como lengua vehicular en su sistema educativo, en el caso de que una familia catalana solicite judicialmente que se le asista en este derecho, el Departamento de Educación catalán, en colaboración con el instituto del alumno afectado, debe decidir cuántas materias se impartirán en catalán y cuántas en castellano en el grupo al que pertenezca el alumno, asegurándose de que la proporción sea razonable, es decir, que no evidencie desequilibrios importantes. Así se evitan medidas discriminatorias y, además, se logra que un número considerable de alumnos catalanes estudien en las condiciones que los altos tribunales españoles han considerado más adecuadas y justas.

 

En resumidas cuentas, la Administración catalana tiene dos opciones: o introducir un modelo de conjunción lingüística en su sistema educativo, o hacerlo en grupos escolares concretos cada vez que la familia de un alumno lo solicite judicialmente.

 

Resulta inadmisible que Convergència i Unió, un partido político que ha permitido que la corrupción interna lo corroa, se atreva a incumplir las sentencias judiciales y, para colmo, intente, con la ayuda de algunos medios de comunicación y algunos lacayos que proliferan en las tertulias mediáticas, confundir y crispar a la ciudadanía. Ha llegado, pues, el momento de que todo el peso de la Ley sepulte a los políticos que no cumplen con sus obligaciones y dinamitan el estado de derecho.

 

 

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Comentarios: 3
  • #1

    Felipe (martes, 01 octubre 2013 16:51)

    Lo de Cataluña es un desmadre, siempre igual, quejandose de los españoles y después quieres ser independientes. En fin...
    Juan tienes toda la razón. Que viva España!

  • #2

    Juan Serrano Cazorla (martes, 01 octubre 2013 21:21)

    Cierto, Felipe, los catalanes nos hemos desmadrado. De hecho, todo el país está patas arriba. Pero lo vamos a regenerar. Primera fase: denuncia y trasparencia.

    Gracias por su comentario.

  • #3

    Hay más profesores como tú (martes, 03 diciembre 2013)

    Hola Juan, me parece muy bien que porfín salgan professor demostrando que no todos estamos en contra de la LOMCE. Que ahora parece que no ser independentista y apoyar la immersión lingüística en Castellano es sinónimo de fascista.

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