Becas y LOMCE

 

 

Durante estas últimas semanas uno de los temas de actualidad ha sido la nueva política de becas educativas para la enseñanza postobligatoria que el ministro Wert pretende incorporar en la inminente LOMCE. El aspecto de la reforma que la ha hecho polémica, que ha ocasionado reacciones airadas por parte de la comunidad educativa y, principalmente, de los sectores de izquierda, ha sido el aumento del nivel de exigencia en cuanto a la formulación del requisito de rendimiento académico que el aspirante a una beca debe acreditar para obtenerla: se propone que la media del expediente académico, en lugar de 5.5, sea 6.5.

 

El argumento unánime en contra de la medida reformadora es el de que exigir una media tan elevada a los alumnos más desfavorecidos socioeconómicamente incurre en discriminación, en tanto que los individuos pertenecientes a grupos sociales adinerados podrán siempre acceder a la universidad sea cual sea su rendimiento académico. Parece lógico. Pero desconfiemos de las apariencias y pensemos como lo haría Sherlock Holmes: lo que dice realmente esta argumentación, sin pretenderlo, es que el rendimiento académico no debe ser un requisito necesario para obtener una beca en la enseñanza postobligatoria.

 

Veamos lo que dispone, en este sentido, la LOE, que es fruto del ingenio del partido socialista:

 

CAPÍTULO II - Compensación de las desigualdades en educación

 

Artículo 83.

 

1. Para garantizar la igualdad de todas las personas en el ejercicio del derecho a la educación, los estudiantes con condiciones socioeconómicas desfavorables tendrán derecho a obtener becas y ayudas al estudio. En la enseñanza postobligatoria las becas y ayudas al estudio tendrán en cuenta además el rendimiento escolar de los alumnos.

 

Como ven, en la ley de educación vigente ya figura el rendimiento académico como requisito imprescindible para obtener una beca. De modo que la reforma del PP es continuista en este sentido. Sí, se endurece el requisito, pero se mantiene; por tanto, la reforma no es discriminatoria; y, si lo fuera, lo sería tanto como la actual política de becas.

 

En mi opinión ambas políticas, la socialista y la del PP, solo serían discriminatorias si se aplicasen a la educación obligatoria. En ese caso, los individuos más desfavorecidos socioeconómicamente quedarían excluidos de la sociedad y serían sometidos, paulatinamente, a diferentes formas de esclavitud.

 

El acceso a la universidad es voluntario. El individuo que no accede a estudios universitarios no se ve, automáticamente, excluido de la sociedad ni pierde su autonomía. De modo que, si todos los ciudadanos empleados contribuimos con nuestro esfuerzo económico a que determinados individuos cumplan su deseo de realizar estudios superiores, dichos individuos deben compensar ese esfuerzo con uno equiparable. Cifrar ese esfuerzo en un 6.5 no me parece descabellado; que los estudiantes pobres tengan que esforzarse más que los ricos, tampoco. Así estarán mejor preparados y, en el futuro, podrán contrarrestar el tráfico de influencias de los más adinerados mediante su eficiencia.

 

Serán legión los que piensen que todo esto es injusto. Lo es. Pero la culpabilidad no reside en una ley, en un ministro o en un partido político. De hecho, no hay culpabilidad posible. No se trata más que de un efecto de ese sistema capitalista que con tanta precisión define nuestra naturaleza humana. Y no hay ley que, generada por ese mismo sistema capitalista, pueda deconstruirlo.

 

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