Sobre la sentencia que condena al ex juez Elpidio Silva




Recientemente, El TSJM ha condenado al ya ex juez Elpidio Silva Pacheco a 17, 5 años de inhabilitación por un delito de prevaricación continuada y dos delitos de privación de libertad ilegítima, de los que, según la sentencia, fue víctima el ejemplar Miguel Blesa, ex gestor de la esquilmada y malograda Caja Madrid –la entidad que me concedió mi primer premio literario importante en 2008– y amigo íntimo de los también ejemplares Aznar y Gallardón, el cual, al parecer, durante su fallido periodo como ministro de Justicia, instó al fiscal Moix a querellarse contra el juez que estaba persiguiendo a Blesa y mancillando su reputación, esa que, por ejemplo, se había labrado ideando un ingenioso sistema de flamantes tarjetas de crédito que mejoraron ostensiblemente las condiciones de vida de sus socios.

 

La sentencia, que he podido leer íntegramente (los que me conocen bien saben que siempre me ha interesado el Derecho), resulta extremadamente sorprendente y perturbadora. Esencialmente porque es, en sí misma, una paradoja: por un lado, dos de los magistrados, que no son penalistas sino civilistas, arguyen que Elpidio Silva pergeñó desde el principio un plan para encarcelar y condenar a Miguel Blesa sirviéndose, maliciosamente, de su inmenso poder como juez instructor, apoyándose los magistrados en argumentos especulativos nada convincentes; y, por otro lado, el presidente del Tribunal, el penalista Arturo Beltrán, después de desmantelar minuciosamente todos los argumentos de sus compañeros de sala, concluye que de ningún modo hubo comportamiento delictivo por parte de Elpidio Silva durante su instrucción. Es decir, blanco y negro en una misma sentencia.

 

Así las cosas, es inobjetable que la sentencia inculpatoria no puede sostenerse, en tanto que el delito de prevaricación exige que se demuestre fehacientemente que el imputado era plenamente consciente de que estaba actuando contra derecho. Y no queda probada esta circunstancia porque la sentencia exhibe, poniendo en evidencia y en ridículo el sistema judicial español, dos interpretaciones excluyentes. Solo el Tribunal Supremo, al que el propio juez Beltrán apela en su voto particular a favor de la absolución de Silva, podrá deshacer la paradoja e insuflarle coherencia y dignidad a la justicia española.

 

Obsérvese que, dada la paradoja de la sentencia,  es innegable que alguna de las dos partes podría haber prevaricado. Si Arturo Beltrán tuviera razón, los otros dos magistrados habrían pergeñado un plan para condenar injustamente a Silva. Y, si los jueces que han condenado estuvieran en lo cierto, entonces Beltrán habría construido un voto particular discrepante, a sabiendas de la culpabilidad de Silva, para influir en la decisión del Tribunal Supremo y lograr una sentencia absolutoria para el recurrente.

 

En mi opinión, que he seguido el caso a lo largo del tiempo y conozco todos los detalles, los dos magistrados que han condenado a Silva no han soportado las presiones en la sombra y, como se dice coloquialmente, se han curado en salud. Por su parte, Arturo Beltrán, de formación militar, ha optado por preservar su honor, esto es, se ha asegurado de que no pasaría a la Historia como el magistrado que condenó injustamente al único juez que, en un impulso excéntrico y temerario –casi un acto de inmolación–, se atrevió a destapar una mayestática trama mafiosa que ha asolado la economía española y en la que estaba implicada la clase política.

 

Como ven, no es necesario que nos vayamos a Ecuador para contemplar cómo el poder político se sirve del poder judicial para silenciar, represaliar y eliminar a todos aquellos que amenazan sus abyectos intereses de clase. Lo tenemos en casa. 



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