Sobre el delito de prevaricación en institutos públicos

 

 

Como ya he denunciado en otras ocasiones, es muy frecuente que los profesores de institutos públicos impartan determinadas asignaturas sin cumplir los requisitos de cualificación e idoneidad que la Ley establece. Es esta una práctica habitual que las direcciones de los centros promueven y fomentan, y que la propia Administración tolera, a pesar, insisto, de su ilegalidad. Esta burbuja de corrupción es el resultado de la incapacidad del profesorado para gestionar adecuadamente los centros públicos; de la permisividad de la Administración; en suma, de la degradación ética y profesional de nuestra comunidad educativa.

 

Pero en este artículo me interesa especialmente ahondar en los entresijos jurídicos de la ilegalidad de este comportamiento reprobable y punible:

 

Comencemos presentando el decreto que regula las condiciones de formación para el ejercicio de la docencia en la educación secundaria y el bachillerato y que establece las especialidades de los cuerpos docentes de secundaria: REAL DECRETO 1834/2008.

 

Como pueden comprobar, las asignaturas que una persona puede impartir en función de la titulación acreditada están claramente delimitadas. Así, por ejemplo, un licenciado en Filología Hispánica perteneciente al cuerpo de profesores de Lengua Castellana y Literatura no puede impartir la asignatura de Ciencias Sociales (algo que, sin embargo, ocurre a menudo).

 

La práctica que denuncio no es solo una infracción administrativa, sino que además constituye un delito. Veamos lo que aduce, al respecto, el Código Penal:

 

Delitos contra la Administración pública

 

CAPÍTULO PRIMERO



De la prevaricación de los funcionarios públicos y otros comportamientos injustos

 

Artículo 404

A la autoridad o funcionario público que, a sabiendas de su injusticia, dictare una resolución arbitraria en un asunto administrativo se le castigará con la pena de inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de siete a diez años.

 

Artículo 405

A la autoridad o funcionario público que, en el ejercicio de su competencia y a sabiendas de su ilegalidad, propusiere, nombrare o diere posesión para el ejercicio de un determinado cargo público a cualquier persona sin que concurran los requisitos legalmente establecidos para ello, se le castigará con las penas de multa de tres a ocho meses y suspensión de empleo o cargo público por tiempo de seis meses a dos años.

 

Artículo 406

La misma pena de multa se impondrá a la persona que acepte la propuesta, nombramiento o toma de posesión mencionada en el artículo anterior, sabiendo que carece de los requisitos legalmente exigibles.

 

En síntesis, cuando el director de un centro público nombra como profesor de una determinada asignatura a una persona que no cumple los requisitos de cualificación que la Ley establece, está cometiendo un delito de prevaricación (art. 405); y el profesor que acepta el cargo también (art. 406).

 

Normalmente, el director y el profesor implicado pactan el nombramiento ilegal poco antes de que finalice el curso, cuando tiene lugar la planificación de la plantilla para el curso siguiente. En ocasiones, no obstante, el nombramiento se produce sin que el profesor afectado haya dado su consentimiento, simplemente porque el nombramiento ilegal se aplica a una vacante que todavía no ha sido asignada a una persona física. De modo que, cuando la vacante se asigna y el profesor en cuestión llega al centro (en condición de interino, como funcionario de carrera en comisión de servicios o como funcionario de carrera que ha ganado un concurso de traslados) se encuentra con la siguiente situación: el director le impone que imparta una asignatura para la que no está cualificado ni acreditado legalmente.

 

En este último caso, es habitual que el profesor afectado ofrezca cierta resistencia a aceptar la orden delictiva del director. Es entonces cuando comienzan las presiones del susodicho, que se sirve de su condición de autoridad pública y de la debilidad de la posición del profesor recién llegado para lograr doblegar su voluntad. Y, en virtud de lo que he observado en los muchos centros públicos en que he trabajado, siempre lo logra. Estas presiones, que pueden adoptar muchas formas, constituyen delitos que se suman al de prevaricación:

 

1º. Inducción al delito (art. 28a): según mi interpretación de este artículo del Código Penal, el director sería autor de dos delitos de prevaricación: en primer lugar, el del nombramiento ilegal que él ejecuta; y, en segundo lugar, el del que comete el profesor al aceptar el cargo, en tanto que el director es el inductor de este segundo delito y, por tanto, adquiere así el rango de autor.

 

2º. Coacción (ar. 172): el director comete un delito de coacción al obligar al profesor, sirviéndose de su autoridad, a aceptar un cargo ilegal en contra de su voluntad.

 

Finalmente hay que añadir que, cuando se cometen estos delitos de prevaricación, el inspector asignado al centro se convierte también en autor del delito por cooperación necesaria (art. 29), ya que dicho inspector recibe puntualmente los horarios oficiales de los profesores del centro y, entre otras, tiene asignada la función de revisarlos y evaluar su legalidad (además, puede darse el caso de que el propio profesor afectado pida auxilio al inspector). Por tanto, para la comisión del delito de prevaricación la connivencia del inspector es necesaria. Y también suele darse la complicidad de otras personas en la comisión de los delitos: miembros de la junta directiva y profesores que, habiendo tenido una participación accesoria en la comisión de los delitos, son culpables de éstos en menor grado que sus autores.

 

Hasta aquí mi disertación jurídica. Espero que sirva de ayuda a muchos profesores y que disuada a otros tantos.

 

NOTA: téngase en cuenta que, para que un juez inculpe a un funcionario público por el delito de prevaricación administrativa, es imprescindible demostrar en el juicio que el susodicho ha actuado con plena conciencia de que estaba infringiendo la ley; es decir, el mero incumplimiento de la ley no constituye delito de prevaricación; en este último caso, el funcionario solo habría incurrido en una infracción administrativa.

 

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Comentarios: 5
  • #1

    Luis (jueves, 19 diciembre 2013 20:38)

    Los artículos que mencionas son ciertos, pero no aplicables en los casos que tu denuncias. Si te miras las instrucciones de inicio de curso que dicta el departamento de ensenyament verás entre otras cosas que aconseja que en primero de la ESO un mismo profesor dé más de una asignatura, ya me dirás tu como lo haces si no das la tuya y una considera afín.

  • #2

    JSC (jueves, 19 diciembre 2013 22:30)

    Señor Luis:

    En primer lugar, su comentario no se entiende del todo.

    En segundo lugar, conozco perfectamente los entresijos de las instrucciones de inicio de curso del Departamento de Educación catalán, al que usted se refiere. Dicen, entre otras cosas, que los profesores tenemos la obligación de impartir y que, en el caso de que el instituto lo necesite, debemos impartir cualquier asignatura que nos asigne el director si estamos suficientemente cualificados. Citan la legislación que, supuestamente, legitima esta práctica; pero no citan los artículos concretos; y no lo hacen porque no hay ningún artículo que la legitime. De hecho, el único artículo que trata el asunto establece que, en el primer ciclo de secundaria, un profesor puede impartir dos asignaturas si posee la cualificación necesaria, es decir, si tiene reconocida las especialidades a las que pertenecen las asignaturas en cuestión. En este sentido, le puedo asegurar que yo no tengo reconocida la especialidad de Geografía e Historia y que, aun así, el departamento me obligó en su momento a impartir Ciencias Sociales en segundo de la ESO. Esto deteriora enormemente nuestro sistema educativo.

    Respecto a si estas asignaciones de asignaturas a docentes que no tienen reconocida la especialidad pertinente constituyen o no delito de prevaricación, lo veremos la próxima vez que el Departamento me asigne una asignatura que no sea de mi especialidad y mis abogados actúen.

    En cualquier caso, estas prácticas habituales son ética y pedagógicamente intolerables.

  • #3

    Luis (sábado, 21 diciembre 2013 11:27)

    Mírase: Orden 29 de junio de 1994. Artículo 82.
    Que sea ética y pedagógicamente intolerables se podría discutir, pero no era el tema del debate. Usted habla de prevaricación, no de consideraciones pedagógicas o éticas.

  • #4

    Luis (sábado, 21 diciembre 2013 12:36)

    Respecto a la orden del 29 de junio de 1994, decirle que aún está vigente aunque sea del 1994. Con todo el respeto busque en órdenes, RD, leyes... y verá que si, que hay, ciertas incongruencias entre ellas (RD 1834/2008 p. ej), pero que esta orden es aplicable.
    Si no quiere publicar estos comentarios no lo haga, son para su información particular.
    No tengo ningún interés en verlos publicados, seguramente nunca más accederé a este blog.
    Si hay alguien que quiere rebatirle ya se lo mirará y si le cree a usted sin más , sin buscar más información... creyéndose que no ha habido nadie que hiciera una denuncia si lo que usted dice fuese cierto, es que no merece la pena que se le informe.

  • #5

    JSC (sábado, 21 diciembre 2013 15:29)

    Señor Luis:

    Entre usted y yo hay dos grandes diferencias: en primer lugar, yo doy la cara, mientras que usted permanece en un cómodo anonimato; en segundo lugar, yo realizo argumentaciones jurídicas, mientras que usted se escuda en la vaguedad y en una ausencia notoria de rigor intelectual.

    Sobre el asunto controvertido, un profesor de secundaria solo puede impartir una asignatura que no sea de su especialidad si cuenta con una 'habilitación especial' que, a su vez, requiere una serie de requisitos establecidos por el Decret 67/1996:

    Article 9

    S’afegeix al capítol 4 del Decret 67/1996, de 20 de febrer, un nou article, el 25 bis, amb el text següent:

    "Article 25 bis

    "Habilitació especial per impartir matèries i àrees de l’ESO i el batxillerat.

    "25 bis.1 La competència docent del professorat, atesa la naturalesa de la formació requerida per a la pràctica docent, inclourà, a més de l’especialitat de la qual sigui titular, l’habilitació especial per impartir altres matèries i àrees en funció dels requisits de titulació, formació i qualificació professional que s’estableixen en els apartats següents.

    "25 bis.2 Aquesta habilitació especial permetrà impartir els continguts curriculars corresponents a una especialitat docent del cos de professors d’ensenyament secundari i ocupar un lloc de treball amb caràcter provisional o definitiu, en l’àmbit territorial de Catalunya, sens perjudici de la prioritat i obligació que per impartir les matèries i àrees corresponents tenen els professors titulars de l’especialitat, els quals tindran preferència per ser destinats a llocs de treball de la seva especialitat.

    "El reconeixement d’habilitació especial per a una determinada especialitat docent confereix al professor la idoneïtat per impartir els continguts curriculars corresponents a aquesta; en conseqüència, no només els podrà impartir sinó que també se li podrà exigir que els imparteixi, si ho requereixen les necessitats del servei.

    "25 bis.3 El Departament d’Ensenyament regularà el procediment d’adquisició de l’habilitació especial i en publicarà la convocatòria al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

    "25 bis.4 Per a adquirir el reconeixement d’habilitació especial, els funcionaris del cos de professors d’ensenyament secundari hauran de posseir la titulació acadèmica específica i idònia per impartir els continguts curriculars corresponents a alguna de les especialitats docents que figuren a l’annex d’aquest Decret, en el qual s’estableix la correspondència entre especialitats i titulacions idònies per impartir-les.

    "25 bis.5 En el cas que la titulació que s’al·legui no es correspongui amb la titulació específica que s’exigeix per al reconeixement de l’habilitació de l’especialitat que se sol·liciti s’hauran de complir en la seva totalitat les següents condicions:

    "a) Que l’especialitat per a la qual se sol·liciti el reconeixement d’habilitació tingui assignada uns continguts curriculars afins a l’especialitat de la qual s’és titular.

    "b) Que s’acrediti un mínim de 100 hores de formació específica directament relacionada amb l’especialitat per a la qual se sol·licita el reconeixement d’habilitació.

    "c) Que s’acrediti una experiència docent mínima d’haver impartit durant dos o més cursos acadèmics continguts curriculars corresponents a l’especialitat en qüestió."

    Así pues, cuando se nombra a un funcionario profesor de una asignatura sin que éste tenga reconocida la especialidad o la habilitación especial, a sabiendas de que es así, existe delito de prevaricación.

    En el instituto público en el que trabajaba el año pasado, sin ir más lejos, un profesor que solo tenía reconocida la especialidad de Lengua castellana y Literatura impartía Física y Química; otro profesor impartía cuatro asignaturas diferentes, en el primer y el segundo ciclo de secundaria; en otro instituto, hace tres años, una profesora impartía una jornada completa de Lengua castellana y Literatura, a pesar de que no tenía reconocida la especialidad (era de Ciencias), etc. Todo esto lo puedo demostrar en un juzgado, porque guardo a buen recaudo la documentación pertinente.

    No se olvide, señor Luis -ni usted ni nadie-, de que España es un país corrupto.





















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